Conmocionado se encuentraPerútras el hallazgo de los cuerpos de 13 mineros informales asesinados con extrema brutalidad en una mina de oro, en la provincia de Pataz. Esta zona minera del departamento de La Libertad, en el norte del país, lleva más de un año en estado de emergencia, pero las dimensiones de la reciente masacre han sacudido a la opinión pública, incrementado la presión para que el Gobierno ponga coto a la violencia.
La presidenta Dina Boluarte, cuya aprobación ha caído a cerca de un 5 por ciento, tuvo que reaccionar, anunciando un toque de queda, el control militar de la zona y la suspensión de toda actividad minera en la provincia, para combatir a las mafias de la minería ilegal a las que se atribuye el crimen.
“En Pataz, la situación de seguridad es crítica. Que opere una organización criminal, que secuestre a 13 trabajadores, los asesine, pida rescate, es algo no tan frecuente en esas dimensiones”, dice en conversación con DW César Bazán, profesor de la Universidad Católica del Perú e investigador en temas de seguridad ciudadana.
Control territorial
Las víctimas eran mineros informales que trabajaban para la minera Poderosa. “Lo que ha sucedido aquí es que hay una empresa formal, que utiliza servicios de una minería informal, que no es ilegal, sino que está en proceso de formalización. Y otros mineros, ilegales, le están disputando el control de recursos mediante mecanismos violentos. El secuestro y asesinato de estos trabajadores es un mensaje a la empresa formal de que los mineros ilegales tienen el control del territorio”, afirma Bazán.
No obstante, explica que “esto no es algo nuevo en el Perú. Estos enfrentamientos por el control del territorio suceden con cierta frecuencia, aunque no con ese nivel de violencia”. De hecho, la minera Poderosa ha denunciado que, en total, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados por las bandas criminales, asegurando que Pataz se ha convertido en “un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente”.
Ya a comienzos de abril, el gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, Pablo de la Flor, citado por la agencia efe, dijo a la emisora RPP que hay 25 zonas tomadas por mineros ilegales, que operan con total libertad e impunidad.
Mercado en alza
El alto precio del oro ha alimentado la avidez por ese mineral y azuzado la violencia de grupos criminales que intervienen en la minería ilegal. En la prensa se ha mencionado la presencia de organizaciones delictivas internacionales, como el Tren de Aragua, pero Bazán no puede confirmarlo, por falta de antecedentes.
Lo que sí es un hecho es que la minería ilegal es un negocio lucrativo que va viento en popa. A fines del año pasado, el Instituto Peruano de la Economía (IPE) estimó que las exportaciones de oro ilegal del país llegarían en 2024 a un récord cercano a los 6.840 millones de dólares, lo que supondría un aumento del 41 por ciento con respecto a 2023.
¿En qué medida este negocio ilegal y la violencia asociada podrían afectar la actividad formal? “Esta situación va a elevar los costos de contratación de policías y también de personal de seguridad privado”, señala Bazán, aclarando que, “en el Perú está permitido que la Policía brinde seguridad, firme contratos directamente con las empresas mineras”. Sin embargo, no cree que tenga un impacto considerable en los niveles de producción, “porque la minería es uno de los motores de la economía peruana. La minería formal, la informal y la ilegal”.
Críticas al Gobierno
En la mira de las críticas por la ineficacia de las políticas oficiales adoptadas hasta ahora para combatir la minería ilegal se encuentra también el programa de un registro de minería informal, el Reinfo.
“Se creó para formalizar a mineros pequeños, que están operando en zonas en que sí se puede hacer minería. Es un registro temporal, que se estableció hace aproximadamente 8 años, y dio un plazo a los mineros informales para formalizarse”, explica César Bazán.
Sin embargo, el plazo se ha ido ampliando cada vez más. “El Congreso, que es el que inició la ley, emitió una nueva prórroga el año pasado, que fue convalidada por el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia, de hace menos de un mes”, indica Bazán. Según los críticos, el problema es que, junto con los mineros informales, entran muchos mineros ilegales, a pesar de que no cumplan los requisitos. “Y como hay, aparentemente, ciertos nexos entre grupos parlamentarios y estos mineros ilegales, se utiliza este mecanismo para lavarle la cara a la minería que no debería ser”, acota.
El académico peruano no se muestra muy optimista en cuanto a que se logre controlar la situación. “El estado de emergencia es una medida que toma el ejecutivo para decir ‘estamos haciendo algo’”. Aunque ve con buenos ojos que las empresas formales hagan presión para combatir el delito y evitar hechos como los de Pataz, duda de los resultados: “Lamentablemente, yo creo que estas situaciones, si bien no de esta magnitud, van a volver a ocurrir”.
(ms)
